Con Aida Merlano en la clandestinidad, el proceso que buscaba esclarecer la corrupción electoral en la costa sufre un revés de marca mayor.
La gravedad del tema ha pasado a un segundo plano en medio de los coletazos y las decisiones de la cinematográfica fuga protagonizada por la excongresista conservadora condenada a 15 años de prisión y por la cantidad de memes e historias que han circulado por redes sociales.
Al margen de la tragicomedia en la que se ha convertido el episodio, el interrogante es qué pasará con la investigación solicitada por la Corte Suprema de Justicia en contra de barones electorales de esa región, sobre quienes recaía la sospecha de estar detrás de la compra de votos para alcanzar curules en corporaciones territoriales y nacionales.
El senador Arturo Char, el representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña y la diputada Margarita Ballén son algunos de los nombres que figuraban en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fijó la condena en contra de Merlano Rebolledo.
Sin embargo, esos no fueron los únicos nombres mencionados en la providencia. Los concejales Aissar Castro, Vicente Támara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Llinás, y los empresarios Julio Gerlein, Edwin Martínez Salas, José Manzaneda, Yahaira Calle, Adriana Blanco, Eveling Carolina Díaz Díaz, Carlos Rojano Llinás, Lilibeth Llinás y Ana Nieble también figuran en el fallo.
Los rumores en las casas políticas de Barranquilla es que hay un aire de tranquilidad tras el escape protagonizado por la política conservadora por quien, en principio, ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que condujera a su captura.
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Una suma que para muchos sectores fue irrisoria ya que, como se recordara, cuando se produjo el allanamiento en la famosa ‘Casa Blanca’ de Barranquilla, las autoridades reportaron el hallazgo de 260 millones de pesos que tenían destinados a la compra de votos.
Las decisiones
Mientras en el Gobierno buscaban explicaciones y responsables, las redes sociales se inundaban de memes y mensajes cómicos ante un hecho que puso de presente la vulnerabilidad de nuestro sistema de custodia carcelaria.
Por eso, la ministra de Justicia, casi 24 horas después del escape, pidió las renuncias del director del Inpec, William Ernesto Ruiz, y de la directora de El Buen Pastor, Diana Muñoz.
La jefa de la cartera también le solicitó a la Policía que despliegue todo su accionar para recapturar lo más pronto posible a Merlano. “Esta señora privada de la libertad se ha burlado de la sociedad colombiana, del sistema de justicia y del ordenamiento jurídico de manera inaceptable, y ni el Gobierno ni yo, como ministra de Justicia, permitiré que este tipo de situaciones se repitan”.
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El anuncio fue divulgado tras una reunión en la sede del ministerio, que tuvo lugar en la mañana. En principio se tenía previsto una rueda de prensa, pero finalmente optaron por la entrega de un video a los medios de comunicación, para evitarse la ronda de preguntas.
Merlano, de ser recapturada, su proceso judicial se engrosará con el cargo de fuga de presos, lo que incrementará los 15 años de pena por delitos electorales.
“Las evidencias son bastante claras para lograr una sentencia condenatoria en ese aspecto. Ahora, si ella sobornó o pasó un dinero para lograr esa fuga, habrá que ver si incurrió en un cohecho de su parte a los funcionarios del Inpec que le colaboraron en su escape”, explica Camilo Iván Pizza, magíster en Derecho Penal y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia.
La Procuraduría, por su parte, anunció la apertura de investigación y la suspensión por tres meses de ocho funcionarios que estuvieron inmersas en el traslado de la interna.
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Se trata de la propia Diana Muñoz Miguez; Katherine Lozano Forero, subdirectora; David Alexander Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia; Julián Segundo Pérez, inspector jefe, y los dragoneantes Yudit Natalia Espinoza Gil, Juan Carlos Becerra Cruz, Diana Montoya Ramos y Luis Alejandro Ballesteros Rincón.
Llama la atención que acá no esté el general Ruiz. Sin embargo, desde el Ministerio Público confirmaron a Colprensa que este jueves adelantarán una inspección en la sede del Inpec y, es posible, que de allí se desprenda un expediente en contra del uniformado.
De todos estos nombres vale la pena reparar en el del capitán Álvarez Cárdenas, que hace un par de meses tuvo un altercado con la propia Merlano, quien elevó una queja por, según ella, las constantes vulneraciones a los derechos cometidos por el uniformado. En su momento, Merlano anunció que elevaría una denuncia en su contra, pero, por razones aún desconocidas, nunca se materializó esa demanda.
Lo que se investiga ahora es si Álvarez tuvo que ver con el cambio del nivel de seguridad de la política. En el Inpec se tienen categorizaciones para los internos de acuerdo a su condición de riesgo y con base en ellas es que se establecen las medidas que se toman en el momento de un traslado a una audiencia o a una cita médica.
Los de primer nivel requieren un esquema conformado por un grupo especial de operaciones integrado por personal altamente capacitado en el manejo de armas y protección de personas privadas de la libertad. Portan, además, escudos blindados y entre todos los uniformados deben salvaguardar la vida e integridad del reo.
En ese nivel estaba, hasta hace unas semanas Merlano Rebolledo. Pero, no se sabe a razón de qué y con autorización de quién pasó a nivel tipo dos, que implica una seguridad mínima compuesta por entre dos y tres custodios. Las sospechas apuntan a que Álvarez, por su cargo, habría facilitado ese cambio.
En poder de las autoridades está la remisión 6132207, firmada por el propio Álvarez, en la que da el aval para la salida de Merlano y en la casilla en la que se deben precisar los requerimientos se lee “NO”.
Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación Cárceles al desnudo, dijo que desde hace varios meses han elevado las alertas sobre las aparentes irregularidades cometidas por Álvarez y la directora saliente en el interior del penal.
“Era tan apremiante la situación que la directora (Diana Muñoz) cuando veía a uno de nuestros funcionarios decidía empezar una serie de hostigamientos para evitar el ingreso, pues eran conscientes que estábamos vigilando las conductas que ellos estaban realizando”, puntualizó Echeverry.
Las grabaciones
En las últimas horas se conoció el modus operandi de Merlano para saltar desde la ventana del consultorio del centro médico La Sabana. La hoy prófuga se cambió en el consultorio, donde además había varias personas que le ayudan a su escape. De uno de los bolsos saca la cinta roja que ella misma amarra a la pata de uno de los muebles del consultorio y la arroja por la ventana.
Varias personas, que hoy son investigadas por la Fiscalía, le ayudan y se despiden de ella. El dentista hace lo propio, le da un abrazo y sale del consultorio cerrando la puerta. En ese momento, Merlano mira hacia afuera y salta con el desenlace ya conocido.
